Escrito por Jesús Mª Pérez García, Alberto Arregui y Jordi Escuer* Jueves, 15 de Abril de 2010 12:17
Estado español
La crisis va desvelando cada vez más nítidamente su profundidad. La idea de que más temprano que tarde regresaremos a la “normalidad” cada vez se mostrará más imposible. La recuperación no nos devolverá al punto de partida. No se trata de una mera recesión cíclica sino de la entrada en una nueva época económica con drásticas consecuencias. Las crisis económicas son una manifestación cíclica del carácter convulso del sistema económico capitalista, pero, sin duda alguna, la presente recesión ha sido algo más que un ciclo recesivo, su impacto, su amplitud y su profundidad tomaron por sorpresa a la clase dominante, a los analistas y, por qué no decirlo, a las organizaciones obreras.
Tras una primera fase de desconcierto de la burguesía, la falta de reacción efectiva del movimiento obrero internacional le ha permitido recomponerse y desarrollar las políticas mejor adaptadas a sus intereses, preparándose para la nueva época. En este texto nos vamos a centrar sólo en Europa y particularmente en el Estado español, pero el fenómeno es mundial, empezando por América Latina, donde se está preparando la reacción ante el proceso de auge de la izquierda que se ha vivido estos años.
El cambio de ciclo económico ha revalidado la vigencia del marxismo, imprescindible para una comprensión de la crisis y la elaboración de una alternativa. La izquierda necesita construir sobre unos cimientos teóricos sólidos. En palabras de Rosa Luxemburgo: “No hay calumnia más grosera, ningún insulto más indignante contra los trabajadores que la afirmación de que las discusiones teóricas son solamente cosas de “académicos”. Ya Lassalle dijo en una ocasión que sólo cuando la ciencia y los trabajadores, esos dos polos opuestos de la sociedad, se unan, acabarán con sus brazos de acero con todos los obstáculos culturales. Toda la fuerza del movimiento obrero moderno se basa en el conocimiento teórico. (…) concuerda con el interés de la masa proletaria del partido ocuparse del modo más profundo y activo de la discusión teórica actual con el oportunismo. Mientras el conocimiento teórico siga siendo el privilegio de unos cuantos “académicos” en el partido, seguirá corriendo el riesgo de extraviarse…”.
Hoy, testigos de la profunda bancarrota ideológica de la izquierda y sus consecuencias prácticas, estas palabras cobran especial relevancia. La crisis económica global, ha puesto de relieve que el capitalismo no era tan sólido como parecía tras haberse aposentado en las ruinas de los países del Este y haber atravesado la muralla china. Sus fanfarronadas no se mantienen, la sonrisa se ha helado en sus caras. Pero, y he ahí la paradoja medular de la época que nos ha tocado vivir, también ha puesto de relieve que «la izquierda», todas las izquierdas que en el mundo son movimientos de masas, carecen de alternativa frente a esta crisis.
La contradicción central de este momento es que en medio de la crisis más profunda y global de la historia del capitalismo, éste no es puesto en cuestión por nadie, al menos en los países más desarrollados, ni en el terreno teórico ni en la calle. Probablemente como una consecuencia de la alargada sombra del hundimiento de la URSS, nadie se atreve a cuestionar la economía de mercado. Eso estimula que se busquen todo tipo de explicaciones a la crisis y salidas a la misma, que no van al fondo del problema y que buscan más paliar los efectos del capitalismo que a superarlo.
El problema es el capitalismo
La idea, generalizada en la izquierda, de que la crisis española responde al fracaso de un “modelo productivo” se da de bruces contra el carácter global de la crisis, y revela hasta que punto las tesis de la burguesía penetran en sus filas. La propia terminología, tomada del lenguaje de la economía política burguesa, lleva a manejar conceptos poco precisos; ¿qué es un “modelo productivo”? Sabemos qué es un “sistema productivo”: El que está definido por unas determinadas relaciones de producción, o si en lugar del término económico utilizamos el jurídico, el que se fundamenta en unas determinadas relaciones de propiedad. La producción se basa en un trabajo social, el de la clase obrera, pero la apropiación del producto de su trabajo es individual, de una minoría, la de los propietarios de los medios de producción. Todo ello tiene su fundamento en la propiedad privada de los medios de producción, lo que lleva a la anarquía en la producción, a que la producción de bienes y servicios no esté guiada por las necesidades de la población y el respeto al medio, sino por el enriquecimiento sin límite, causando daños irreparables al planeta, hambre, guerras, y crisis cíclicas de sobreproducción que agudizan aún más los problemas de la población. Apres moi le deluge, como decía Carlos Marx, al referirse a la actitud de los burgueses.
Cualquier cambio del “modelo productivo”, de la base técnica productiva, irá condicionado por el “sistema productivo”, pues es la burguesía la dueña de los medios de producción. La única forma de que haya un cambio de “modelo productivo” en beneficio de la mayoría de la sociedad y de la naturaleza es con un cambio en las relaciones de propiedad. El gran mérito de Marx y Engels fue levantar una alternativa completa, explicar que el único sistema de producción que puede superar las trágicas consecuencias del capitalismo es el socialismo, cortando el nudo gordiano: acabando con la propiedad privada de las grandes empresas, la tierra y la banca.
El retroceso de todas las economías europeas, empezando por la alemana, desmienten la teoría del “modelo productivo” como problema de fondo de la crisis en el Estado español. El PIB alemán ha caído más, el danés, el finlandés, el irlandés, el sueco, y el del conjunto de la UE. También el PIB japonés. Y mirando a nuestro país, si el problema principal es el “modelo productivo” ¿cómo encaja eso con el hecho de que Catalunya retroceda más que Madrid en el terreno económico? La crisis del “ladrillo” sólo es una parte de una clásica crisis de sobreproducción del sistema. Ha sido tradicional que la burguesía enmascarara el carácter orgánico de sus crisis presentándolas como algo coyuntural: crisis del “petróleo”, “financiera”, etcétera. Ahora sería del “ladrillo”, pero con esas caracterizaciones perdemos de vista lo principal y nos fijamos en lo accesorio. Sea cual sea el “modelo productivo” de un país capitalista, está condenado a sufrir crisis periódicas. Tras una etapa de crecimiento —en unos sitios más centrado en el ladrillo y en otros en la industria—, ha llegado un momento en que ya no se podía seguir creciendo a ese ritmo y mantener las ganancias de estos años pasados. No se puede seguir haciendo viviendas al mismo ritmo de años pasados, pero tampoco móviles, ordenadores, coches, etc.
Restaurar la tasa de ganancias con más explotación
Entrando en el terreno europeo, las agresiones lanzadas no son una vuelta de tuerca en las condiciones de los trabajadores, sino varias a la vez. Grecia es uno de los eslabones más débiles de la cadena y sólo el principal ejemplo de esta política. Pero lo cierto es que la receta es la misma en todos los países de la Unión Europea. Atraso de la edad de jubilación, recortes del gasto social, empeoramiento de las condiciones laborales…
El objetivo es restaurar la tasa de ganancia de las empresas para provocar una nueva oleada de inversión. Es la reacción natural del sistema ante una clásica crisis de sobreproducción de capital, real y financiero (son inseparables en una sociedad capitalista). Basta ver como la inversión se desmorona en cifras muy superiores a las caídas del consumo. Ahí está la base de la crisis. Irlanda nos da un buen ejemplo de ello. Todos tenemos presentes el plan de ajuste griego y las luchas que ha desatado, pero en el antiguo “dragón celta” ha precedido al país heleno en la política de recortes, con una reducción del 18% de los salarios de los trabajadores públicos. A pesar de estos ajustes, el déficit público en 2009 fue del 7% (lejos del 3% que se exige en la UE), y la producción irlandesa ha caído un 7,5% en 2009 y se espera que caiga un 2,3 en 2010. Para 2011 tendría ya un crecimiento positivo del 1%. La formación bruta de capital ha caído entre 2008 y 2010 un 20%, mucho más que el consumo (El País Negocios, 21 de marzo de 2010).
Tras los millonarios rescates al sector financiero, este mismo sector impone a los Estados una drástica política de ajuste, no del gasto público –error común al hablar de este tema— sino del gasto social. La finalidad es garantizar el pago de la deuda pública (los bancos reciben créditos al 1% de los bancos centrales y los invierten en deuda de los estados al 3%), las nuevas ayudas que seguirán necesitando, y asegurar nuevas esferas de negocio para la inversión a través de nuevas privatizaciones de servicios públicos esenciales (privatizar es caro).
Pero el problema no es el “capital financiero” frente a un supuesto capitalismo “productivo” —las entidades financieras son los principales accionistas de las grandes empresas— sino el capitalismo, del que el sector financiero sólo es su expresión más depurada, su cúspide. El capital actúa como un ente global, desplazándose en función de la rentabilidad por todo el planeta, y las masas de capital superan ampliamente las capacidades financieras de cualquier estado, siendo éstas las que determinan la política de los mismos. Basta ver la incapacidad efectiva de “regular” al sector que está produciéndose en todas partes. Es al revés, los Estados están al servicio del capital y, en particular, del sector decisivo que es el financiero. El Estado es un instrumento al servicio de la clase dominante.
La crisis en el Estado español
Hoy más que nunca, hemos de tratar el capitalismo contemporáneo como un hecho planetario e integral, y estamos ante la mayor crisis de la historia humana por su extensión y carácter global. Estamos ante el agotamiento de una etapa del capitalismo a escala internacional. Sólo así podremos comprender la situación económica del propio Estado español, cuya burguesía está más integrada que nunca en la economía internacional. No es posible entender lo que está pasando aquí si se pierde de vista que el capitalismo español actúa dentro de un mundo capitalista global. En el ataque a Grecia, el capital financiero hizo una demostración de lo que le esperaba a los demás países si no aceptaban sus condiciones y le faltó tiempo al gobierno socialista para olvidar sus pequeñas veleidades sobre la defensa de los derechos de los trabajadores, y agachar la cabeza ante el amo.
A corto plazo, muchas de las medidas que se están tomando perjudican de hecho a la pequeña y mediana, e incluso alguna gran empresa. Ninguna de ellas gana nada con el retraso de la edad de jubilación, ni siquiera con el recorte del gasto público pues reduce el consumo. Pero quien determina las políticas económicas son las grandes, que son las principales beneficiarias del gasto público a través de la deuda pública, contratos, inversiones…
Una de las funciones de la crisis es destruir parte del capital existente para favorecer la fusión del mismo en unidades más grandes y más fuertes. Es el proceso de concentración de capital que es propiciado por las crisis. Eso se realiza a través del cierre de parte de las empresas, sobretodo de pequeñas y medianas. La otra consecuencia de la crisis es la imposición de unas condiciones de explotación más intensas, reduciendo el salario directo y el indirecto (el gasto social), aumentando el tiempo de trabajo y todas aquellas medidas que permitan incrementar la producción de plusvalía. La finalidad es la recuperación de la tasa de ganancia a medio plazo.
La idea de que estamos ante una crisis de “demanda” es asumir que la salida está en una reedición del keynesianismo y no en una alternativa socialista. En todo caso, sería mucho más preciso hablar de una crisis de inversión. La inversión empezó a perder fuelle antes y más intensamente que el consumo, como podemos ver en los informes del INE.
Marx lo explicó muchas veces, pero especialmente en la Intoducción General a la Crítica de la Economía Política: «La producción precede a la demanda». Es la inversión la que tira de la creación de empleo y del consumo en una sociedad capitalista, pero los capitalistas no invierten por filantropía sino para obtener ganancias y, si es más rentable especular con el oro que edificar hospitales, no se levantará ni un solo centro hospitalario.
Claro que hay un problema de demanda, pero si ese fuera el problema de fondo, los estados tienen capacidad sobrada de resolverlo. El Estado español podría abonar a todos los parados un salario equivalente al SMI que reivindica IU, de 1.100 euros mensuales. ¿Qué costaría? Aproximadamente 70.000 millones de euros anuales—la mitad de lo invertido en respaldar a los bancos— que, si tenemos en cuenta que eso ya englobaría el gasto en desempleo (algo más de 30.000 millones en 2009), supondría un desembolso extra de 40.000 millones de euros. El Estado puede soportar ese gasto sin ningún problema y no hay ninguna duda de que tiraría de la demanda hacia arriba mucho más que las trasferencias hechas a los bancos. Es menos de lo que ganan las empresas del Ibex 35 y, desde luego, mucho menos de los 460.000 millones de euros que se llevaron las rentas empresariales en 2009, en plena crisis.
¿Por qué no se hace? Pues porque el problema no es ese para el capitalismo, sino restaurar la tasa de ganancia. Los recursos públicos se están dedicando —en continuidad con la política de todos estos años— a contribuir a recuperar esa tasa de beneficio garantizando a las empresas más ayudas públicas, nuevas bonificaciones fiscales, nuevos negocios mediante contratos y privatizaciones de servicios públicos, reducciones de los derechos de los trabajadores…
La políticas keynesianas no pueden evitar la crisis del capitalismo. Se aplicaron masivamente en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y terminaron en la gran crisis de los años 70 con la estangflación (estancamiento económico e inflación simultáneos). Si el Estado inyecta liquidez a la economía pero no crece proporcionalmente la producción, y eso implica un aumento de la inversión, el resultado será inflación. Hoy se volvería a repetir una situación similar si se tratará de volver a aplicar el keynesianismo, y lo saben. El problema es que la economía capitalista se mueve en función de la tasa de ganancia y si ésta no es suficiente, no invertirán. Sustituir el “neoliberalismo” por un “neokeynesianismo” no resolvería nada, basta recordar las tasas de inflación (y la hiperinflación) de los años 70 y 80. La única alternativa real es vincular la defensa de los derechos de los trabajadores a la abolición del sistema de trabajo asalariado, es decir, del capitalismo, explicando pacientemente la necesidad de esa política.
La economía española depende de las inversiones de capital propias y foráneas. En este caso, su dependencia del capital exterior es mayor que otras economías, pero, en última instancia, todas dependen de un mercado mundial. El capital se mueve por todo el planeta buscando la mejor rentabilidad sin preocupaciones patrióticas, también el español. El 52’8% de la facturación de las empresas del Ibex 35 en 2009 se generó fuera del país (EP Negocios, 14 de marzo de 2010). Por eso, la burguesía española está presionando al Gobierno para que tome las medidas de ajuste.
Hay que rechazar los argumentos de la competitividad en el sentido que nos los plantean habitualmente, como una necesidad para el “progreso”, cuando se trata de garantizar una tasa de rentabilidad que haga “atractivas” las inversiones en el Estado español. Pero, al rechazar dicho argumento no debemos ignorar que la “competencia” capitalista existe y que es una ley coactiva de la que no puede sustraerse ninguna empresa. Ese mecanismo es consustancial a una economía de mercado.
Grecia sólo nos avisa de nuestro futuro
Por tanto, Grecia o Irlanda sólo anticipan la terapia que se nos va a aplicar, ya se está haciendo, a los trabajadores de toda la Unión Europea. Las consecuencias para el Estado español son muy serias: una caída general del nivel salarial y de derechos, y una reducción del gasto social. Si ya partimos de un 19% de gasto social, el recorte del gasto de 50.000 millones que pretende el Ejecutivo nos podría dejar en pocos años en el nivel del 15% de gasto social, el que había al final de la dictadura.
Reducir el déficit público de aquí a finales de 2012 del 11,5% actual al 3%, es decir, 8,5 puntos del PIB, equivale a 85.000 millones de euros. O bien se ingresa más o bien se gasta menos, o ambas cosas. Del crecimiento del PIB no va a venir, pues las previsiones son de un estancamiento para los próximos años. El servicio de Estudios de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) prevé una caída del 0,7% en 2010 y un crecimiento del 0,8% en 2011. Las cifras del Gobierno son mejores, pero no suponen un cambio sustancial, pues todas hablan de cifras de crecimiento por debajo del 2%. Así pues, tendrán que recortar el gasto y no va a bastar con los gastos corrientes. La reducción de la oferta de empleo público en un 87% en 2010 sólo supondrá un “ahorro” de 280 millones de euros.
En definitiva, estamos ante la amenaza de la destrucción efectiva de las conquistas del movimiento obrero durante la etapa anterior. Esto amenaza definitivamente a los sistemas educativos y sanitario públicos, pues el resto ya estaban absolutamente mal (sociales, dependencia…). No es ninguna exageración, sino la descripción de lo que nos aguarda si el movimiento obrero no es capaz de evitarlo.
Las distintas posiciones ante la crisis
La postura del Gobierno socialista se caracteriza por ceder paso a paso ante las presiones de la burguesía. Es un Gobierno arrastrado por los acontecimientos. No cabía esperar otra cosa dadas las ideas de las que partía. Al final, se impone la política de Solbes sin él. Lo único que podría variar esa situación es una reanimación de las luchas obreras.
Las direcciones sindicales basaban toda su actuación en contar con el respaldo del Gobierno, y han renunciado a plantear una movilización seria y continuada en el tiempo. Pero lo cierto, es que el Gobierno se lo está poniendo muy difícil pues están pesando más las presiones del sector financiero que las de las cúpulas sindicales. La reforma de las pensiones les ha puesto en un serio aprieto, y la reforma laboral tampoco se lo va a poner fácil.
Están empleando un juego muy peligroso, la negociación y una movilización con cuentagotas. Tratan la movilización como a un grifo que creen poder abrir o cerrar a su conveniencia y no es así. También ellos van a remolque de los hechos, incapaces de anticiparse. Su problema es que carecen de alternativa al capitalismo y eso les pone en desventaja frente a la patronal.
La cúpula empresarial da vaivenes. Rompió el “diálogo social” en verano, y luego firmó el acuerdo de la negociación colectiva, y ellos mismos ya anuncian que no habrá acuerdo en la futura “reforma laboral”. Uno de sus representantes decía hace unos días: “no se va a firmar nada; es una repetición del proceso de julio, que cuando llegó la hora de la verdad se disolvió” (EP Negocios, 21 marzo 2010). Pero, a pesar del desastre empresarial de Díaz Ferrán, la patronal mantiene una posición ventajosa. En el acuerdo de negociación colectiva, no hace ninguna concesión sustancial, da poco y tiene garantizadas cláusulas de descuelgue. Su propuesta de un contrato “para jóvenes” sin cotizaciones sociales, ni indemnización por despido, ni derecho al desempleo y por menos del salario mínimo, da una idea rotunda de qué quiere la patronal. Y el que lo propuso, José de la Cavada, sigue en la mesa de negociación del diálogo social. No tienen ningún motivo para hacer concesiones sustanciales, pues, en el peor de los casos, el Gobierno está dispuesto a aplicar las medidas que ya ha expuesto (pensionazo, reforma laboral y reducción del gasto público) que ya van en la dirección adecuada para sus intereses. Por tanto, sólo pueden ganar con la negociación y, si la rompen, también ganan.
¿Hasta dónde van a poder llegar las direcciones sindicales? Lo único que podemos decir es que su política de conciliación no tiene futuro, la burguesía ha tomado la senda del ajuste drástico y no tiene intención de dar nada efectivo. A pesar de su equivocada política, el hecho objetivo es que la existencia de los sindicatos depende del apoyo de los trabajadores. Y la agresión de esta etapa va a ir directo al corazón de su militancia: las grandes empresas y el sector público. ¿Van a poder seguir jugando a la política de hoy movilizo y mañana pacto a la baja? Esa práctica estará cada vez más en contradicción con los intereses de los trabajadores, que van a necesitar a los sindicatos más que nunca, pero con otra política.
Las medidas que tenemos por delante pueden llevar a los trabajadores del sector público a una movilización a gran escala, pues son sus barbas las que se disponen a pelar. En la Sanidad, en la Educación y en el conjunto de las administraciones, la situación ya es muy mala. Los Ayuntamientos están sufriendo una crisis profundísima, fruto de la caída de la recaudación vinculada al “ladrillo”. En las Comunidades ya han pactado una reducción de 10.000 millones de euros, que aprovecharán para justificar nuevas privatizaciones en todos los terrenos. Por cierto, que privatizar es carísimo y aún forzará mayores recortes del gasto social (un buen ejemplo es la Comunidad de Madrid).
En la empresa privada, la discusión es qué pasará tras más de un año de ajustes. Éstos no terminan, al contrario, y cualquier inicio de recuperación no traerá aparejado la restauración de los niveles salariales y demás derechos recortados. Es muy posible que la recuperación de las luchas en este ámbito vaya aparejada a esa reanimación económica, que dé ocasión a los trabajadores para tratar de recuperar lo perdido.
Pero el principal problema de la economía española lo constituye el enorme “ejército de reserva” de mano de obra, el desempleo. Con casi 4,5 millones de parados, y sigue aumentando, es muy posible que alcancemos los 5 millones. La cronificación del desempleo en esas cifras va a convertirse en el gran problema social del Estado español, y va a convivir con un proceso de desmantelamiento del gasto social. Es un cóctel explosivo, para lo malo (situaciones como la de Vic nos avisan del riesgo potencial, igual que la experiencia de otros países europeos) pero también es una receta para la lucha de clases. Pues esos serán los problemas prácticos que tendrá que resolver el proletariado en los próximos años: el derecho a un empleo, a un salario suficiente, y a unos servicios sociales dignos (sanidad, educación, vivienda…).
Por tanto, la reanimación del movimiento obrero está básicamente condicionada a la reacción ante los golpes de la patronal, dada la carencia de alternativas de las direcciones de la izquierda sindical y política que puedan ir estimulando y encauzando dicha reanimación. El conflicto más inesperado puede actuar de catalizador del enorme malestar acumulado en nuestra sociedad al que, hoy por hoy, nadie está siendo capaz de dar salida. Será en el transcurso de la lucha por resolver estas necesidades básicas, donde se fraguará una nueva generación de militantes de la izquierda, que se unirá a la veterana.
La alternativa de IU
La dirección de IU, que no había previsto ni la profundidad ni el carácter de la crisis económica, está viéndose presionada por su profundización. Las circunstancias objetivas son favorables para la recuperación de IU, empezando por los pasos a la derecha dados por el Gobierno ante la crisis. El rechazo al “pensionazo” o a la reforma laboral abren un terreno de trabajo en la calle decisivo para la revitalización de IU.
Sin embargo, la incomprensión de las raíces de la crisis económica, y el planteamiento mayoritario de que estamos ante una crisis de “demanda” y de “modelo productivo”, lleva a defender una suerte de neokeynesianismo y a la “inversión productiva” frente a la “especulativa”. Ahora parece que toda la solución está en promover la plusvalía relativa frente a la absoluta, cuando aumentar la productividad del trabajo ni garantiza más empleo —en realidad, actualmente es al contrario— ni una menor explotación de los trabajadores. El análisis de la dirección de IU entroncan con la idea de que el problema es el “neoliberalismo” y que, necesariamente, es posible otro modelo capitalista mejor. Viene a decirnos que primero hay que luchar por ser como Suecia y después, una vez alcanzada esa situación, lucharemos por el socialismo. La idea es que necesitamos otro sistema capitalista que nos coloque en condiciones más favorables para la lucha por el socialismo. Son las viejas ideas del reformismo con nuevos ropajes. Se empeñan en “arreglar” el capitalismo, pero nadie defiende el socialismo.
Las alternativas económicas planteadas en el ámbito federal equivocan el énfasis y el fondo de sus propuestas. Las más positivas aparecen diluidas mientras se hace hincapié en propuestas menores o, incluso incorrectas. El documento llamado de “Cien medidas para una salida social a la crisis”, que se ha convertido en la exposición de la alternativa económica de IU, empieza resaltando el hecho determinante de la economía capitalista, y por tanto de la crisis: “El Consejo Científico de ATTAC estima que 1.400 personas controlan y gestionan actualmente en España un capital equivalente al 80% de su PIB”. Pero uno par de párrafos más abajo mete esta idea, y las consecuencias que de ella se derivan, en un cajón y nos dice que “sólo se puede adelantar la salida de la crisis si se la considera como una crisis de demanda”, y basa su propuesta de “salida de la crisis” en:
-La creación de 1.100.000 empleos.
-Combatir el fraude fiscal y la economía sumergida.
-Apoyar a la pequeña empresa.
Son aspirinas para combatir una neumonía. Si entramos en detalle sólo con la propuesta de empleo veremos que 700.000 dependen de la rehabilitación de vivienda (seguimos dependiendo del “ladrillo”), que son un brindis al sol, pues se fundamenta en subvencionar el 25% del coste de la rehabilitación. Y de los 400.000 empleos públicos, 300.000 son empleos basura con salarios de 700 euros brutos por un año. Sólo 100.000 corresponden a empleos públicos dignos. Así pues, con esta propuesta IU le dice a los trabajadores en paro que sólo se puede crear, en el mejor de los casos, empleo para uno de cada cuatro y, encima, la mayoría con salarios míseros. En otras palabras, se renuncia a exigir el pleno empleo que queda relegado a un nebuloso futuro.
Una alternativa socialista para defender hoy
La única solución efectiva para reducir el desempleo es el reparto del empleo y el aumento drástico del sector público en todos los ámbitos. Lo que IU debería colocar en el frontispicio de sus propuestas —y no dejarlas de actores de reparto en los textos para atraer público— es la exigencia de un trabajo digno para todos a partir de las siguientes medidas:
a) Reparto del empleo para que todo el mundo tenga trabajo con la reducción de la jornada laboral a 35 horas laborales (en cómputo semanal, eliminación de horas extras…). Sobre 15,5 millones de asalariados con trabajo, una reducción proporcional del 12,5% de la jornada laboral (de 40 a 35 horas)= 1.937.000 empleos. Obviamente, esta medida debería ir unida a la dignificación de los salarios, pues no se trata de repartir la miseria, pues eso no tendría apoyo entre los trabajadores, como es lógico.
b) Reducción de la edad de jubilación a 60 años. En 2009 se jubilaron 271.580 trabajadores, lo que multiplicado por cinco y en números redondos = 1.350.000 empleos.
b) Ampliando la plantilla de trabajadores públicos del 9,5% actual al 16% de media de la UE (ese es el porcentaje de empleados en el sector público sobre el total de personas adultas, datos de Navarro), lo que implica un aumento del 60%. Los trabajadores públicos son unos tres millones (algo más), lo que implica=1.800.000 empleos.
Así pues, estas medidas sí nos permitirían resolver de verdad el problema del desempleo (5.087.000 empleos). Obviamente, las cuentas reales no se pueden hacer tan mecánicamente, pero sí da un idea de que ahí está la base para una lucha seria contra el paro.
Obviamente, estas medidas, aisladas de una propuesta de cambio en las relaciones de propiedad no tendrían ningún futuro. Tendrían que ir unidas a la propuesta de nacionalización de la banca, y de los sectores clave de la economía, única forma real de dar una salida a esta situación. Si ahora no hay condiciones para plantear la nacionalización de la banca ¿cuándo las habrá? De hecho, es signo de la madurez de las condiciones objetivas para el socialismo lo evidente que resulta esa medida en el momento presente, incluso para la pequeña burguesía. Esta política es la que necesitará el movimiento obrero si quiere resolver los problemas que plantea el capitalismo contemporáneo. Por eso, defenderlas es una de las tareas centrales del rearme ideológico de la izquierda pues acabarán ganando la audiencia que merecen. Los acontecimientos irán poniendo a prueba las distintas políticas que surgen ahora.
Por supuesto, hay que exigir una fiscalidad progresista y rechazar la economía sumergida, pero ninguna de esas dos medidas puede resolver los problemas que tenemos planteados. La atención hay que ponerla en el control de los grandes medios de producción y de cambio y eso implica proponer una política de nacionalizaciones y socialización de los mismos, que permita una planificación democrática de la economía en función de los intereses sociales y en equilibrio con los recursos naturales. Y eso es lo que hay que defender desde ahora mismo para que vaya ganando apoyo, no en el futuro.
IU necesita esa política para romper el círculo vicioso en el que vive la política del Estado español desde la llamada “Transición”: El PSOE gana las elecciones aupado por el movimiento obrero, pero como carece de política alternativa, acaba decepcionando y abre la puerta a la victoria de la derecha. Luego ésta lleva a cabo ataques aún más duros contra el movimiento obrero hasta que provoca una reacción de apoyo al PSOE para que vuelva a ganar, y otra vez a decepcionar. IU no puede limitarse a existir a remolque del desgaste socialista, para volver a perder apoyo cuando este último vuelve a quedar en la oposición. Para romper ese círculo debe se capaz de conectar con las aspiraciones de los sectores más avanzados del movimiento y consolidarlos. Y para eso es imprescindible tener una alternativa socialista coherente, que impregne su actuación cotidiana de un carácter de clase, que ilusione a su militancia. Y, por supuesto, democracia interna.
La recuperación del movimiento obrero
La experiencia de Francia —y la de Portugal— nos vuelve a señalar que la recuperación de la izquierda pasa por la de las organizaciones tradicionales del movimiento obrero. En Francia son el Partido Socialista y el Frente de Izquierdas los que crecen en las últimas elecciones. Donde el Frente de Izquierdas se presenta con el rechazo del Partido Socialista a la unidad de la izquierda, y aglutinando a la mayoría del resto de la izquierda, gana mucho apoyo. El espacio existe.
Por supuesto, esa recuperación electoral en Francia o Portugal va unida a la movilización social. Esa es la principal diferencia respecto a la situación en el Estado español, que viene de una larga etapa de desmovilización y, las propuestas de las principales direcciones de la izquierda sindical y política, abogan por el “pacto social” en lugar de explicar que es imprescindible volver a luchar para salir de ésta. Propuestas como la de la Huelga General, que sólo defiende una minoría de la dirección federal IU, irán abriéndose camino. Sin duda, no es fácil sacar adelante una convocatoria de esas características, pero eso es más motivo para que se trabaje y se explique su necesidad, pues es la única forma de lucha capaz de superar el aislamiento empresa a empresa. La propia mayoría de la dirección de IU se equivoca al no hacer de la huelga general una propuesta central en su acción política. Pero, cada vez resultará más difícil justificar esa actitud y la idea de la lucha irá ganando más audiencia.
La crisis económica ha tenido efectos distintos en cada país. Mientras en Francia o Grecia parece haber actuado de espuela de las luchas, en nuestro país —y en otros— ha agravado la parálisis del movimiento. La consecuencia inmediata de una crisis no es, necesariamente, la movilización, pues dicho contexto —con alto desempleo y miedo a perder el puesto de trabajo— es el más desfavorable para los trabajadores, salvo que la crisis encuentre a un movimiento obrero que venga de una etapa previa de luchas. Ese parece haber sido el caso de Francia, Grecia o Portugal. Además, la experiencia de Francia y la de Grecia muestran que los Gobiernos de derechas han provocado la reacción del movimiento obrero con sus políticas. En el caso español, la existencia de un Gobierno socialista ha contribuido a frenar la movilización por falta de alternativa desde la izquierda y por temor a beneficiar a la derecha.
Así pues, quizás tengamos que valorar qué efectos políticos tendrá la recuperación económica cuando empiece, puesto que será raquítica e insuficiente para reparar el daño hecho, ya que dicha reactivación podría estimular conflictos de sectores de los trabajadores que tratasen de recuperar el terreno perdido o, simplemente, provocar el estallido de raudales de indignación contenida cuando se compruebe que la reactivación no resuelve los problemas existentes.
Y, para trazar una perspectiva más completa, otro factor importante a tener en cuenta, sería el regreso del PP a La Moncloa, un riesgo real fruto del desencanto del voto de izquierdas ante la falta de alternativa del Gobierno socialista. Un ejecutivo de derechas será muy agresivo con los trabajadores —con los derechos sociales y democráticos— y, como ya ha sucedido en el pasado, podría actuar de látigo azuzando la movilización.
Desde luego, no será un camino de rosas, pero una recuperación de la movilización social traerá aparejada una reanimación de la militancia, empezando por la de IU que, conforme vaya adquiriendo experiencia, desarrollará un espíritu crítico y buscará una política que responda realmente a sus necesidades. Eso abrirá las puertas a una transformación del conjunto de la izquierda sindical y política, también de IU, que no se ha librado de su cupo de los males que aquejan al conjunto de la izquierda.
Obviamente, el ritmo vital de una persona y el de los acontecimientos sociales son muy distintos. La inmensa mayoría de los activistas de la izquierda cree —como lo creerían tantos otros en épocas pasadas— que la clase obrera ya no va a volver a protagonizar grandes luchas, pero se equivocan. Son las condiciones objetivas las que van a empujar a la clase trabajadora —lo están haciendo ya en países determinados como Grecia o Francia, en el caso de la UE— y, de forma adaptada a la realidad de cada país, los trabajadores de los distintos Estados europeos irán entrando en lucha espoleados, no por los discursos ni los programas, si no por la más poderosa fuerza histórica que existe: la necesidad.
15 de abril de 2010
*Jesús es miembro del Consejo Político Regional de IUCM, Alberto de la Presidencia Federal de IU y Jordi de la Presidencia regional de IUCM.
Los gráficos recogidos son todos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Tras una primera fase de desconcierto de la burguesía, la falta de reacción efectiva del movimiento obrero internacional le ha permitido recomponerse y desarrollar las políticas mejor adaptadas a sus intereses, preparándose para la nueva época. En este texto nos vamos a centrar sólo en Europa y particularmente en el Estado español, pero el fenómeno es mundial, empezando por América Latina, donde se está preparando la reacción ante el proceso de auge de la izquierda que se ha vivido estos años.
El cambio de ciclo económico ha revalidado la vigencia del marxismo, imprescindible para una comprensión de la crisis y la elaboración de una alternativa. La izquierda necesita construir sobre unos cimientos teóricos sólidos. En palabras de Rosa Luxemburgo: “No hay calumnia más grosera, ningún insulto más indignante contra los trabajadores que la afirmación de que las discusiones teóricas son solamente cosas de “académicos”. Ya Lassalle dijo en una ocasión que sólo cuando la ciencia y los trabajadores, esos dos polos opuestos de la sociedad, se unan, acabarán con sus brazos de acero con todos los obstáculos culturales. Toda la fuerza del movimiento obrero moderno se basa en el conocimiento teórico. (…) concuerda con el interés de la masa proletaria del partido ocuparse del modo más profundo y activo de la discusión teórica actual con el oportunismo. Mientras el conocimiento teórico siga siendo el privilegio de unos cuantos “académicos” en el partido, seguirá corriendo el riesgo de extraviarse…”.
Hoy, testigos de la profunda bancarrota ideológica de la izquierda y sus consecuencias prácticas, estas palabras cobran especial relevancia. La crisis económica global, ha puesto de relieve que el capitalismo no era tan sólido como parecía tras haberse aposentado en las ruinas de los países del Este y haber atravesado la muralla china. Sus fanfarronadas no se mantienen, la sonrisa se ha helado en sus caras. Pero, y he ahí la paradoja medular de la época que nos ha tocado vivir, también ha puesto de relieve que «la izquierda», todas las izquierdas que en el mundo son movimientos de masas, carecen de alternativa frente a esta crisis.
La contradicción central de este momento es que en medio de la crisis más profunda y global de la historia del capitalismo, éste no es puesto en cuestión por nadie, al menos en los países más desarrollados, ni en el terreno teórico ni en la calle. Probablemente como una consecuencia de la alargada sombra del hundimiento de la URSS, nadie se atreve a cuestionar la economía de mercado. Eso estimula que se busquen todo tipo de explicaciones a la crisis y salidas a la misma, que no van al fondo del problema y que buscan más paliar los efectos del capitalismo que a superarlo.
El problema es el capitalismo
La idea, generalizada en la izquierda, de que la crisis española responde al fracaso de un “modelo productivo” se da de bruces contra el carácter global de la crisis, y revela hasta que punto las tesis de la burguesía penetran en sus filas. La propia terminología, tomada del lenguaje de la economía política burguesa, lleva a manejar conceptos poco precisos; ¿qué es un “modelo productivo”? Sabemos qué es un “sistema productivo”: El que está definido por unas determinadas relaciones de producción, o si en lugar del término económico utilizamos el jurídico, el que se fundamenta en unas determinadas relaciones de propiedad. La producción se basa en un trabajo social, el de la clase obrera, pero la apropiación del producto de su trabajo es individual, de una minoría, la de los propietarios de los medios de producción. Todo ello tiene su fundamento en la propiedad privada de los medios de producción, lo que lleva a la anarquía en la producción, a que la producción de bienes y servicios no esté guiada por las necesidades de la población y el respeto al medio, sino por el enriquecimiento sin límite, causando daños irreparables al planeta, hambre, guerras, y crisis cíclicas de sobreproducción que agudizan aún más los problemas de la población. Apres moi le deluge, como decía Carlos Marx, al referirse a la actitud de los burgueses.
Cualquier cambio del “modelo productivo”, de la base técnica productiva, irá condicionado por el “sistema productivo”, pues es la burguesía la dueña de los medios de producción. La única forma de que haya un cambio de “modelo productivo” en beneficio de la mayoría de la sociedad y de la naturaleza es con un cambio en las relaciones de propiedad. El gran mérito de Marx y Engels fue levantar una alternativa completa, explicar que el único sistema de producción que puede superar las trágicas consecuencias del capitalismo es el socialismo, cortando el nudo gordiano: acabando con la propiedad privada de las grandes empresas, la tierra y la banca.
El retroceso de todas las economías europeas, empezando por la alemana, desmienten la teoría del “modelo productivo” como problema de fondo de la crisis en el Estado español. El PIB alemán ha caído más, el danés, el finlandés, el irlandés, el sueco, y el del conjunto de la UE. También el PIB japonés. Y mirando a nuestro país, si el problema principal es el “modelo productivo” ¿cómo encaja eso con el hecho de que Catalunya retroceda más que Madrid en el terreno económico? La crisis del “ladrillo” sólo es una parte de una clásica crisis de sobreproducción del sistema. Ha sido tradicional que la burguesía enmascarara el carácter orgánico de sus crisis presentándolas como algo coyuntural: crisis del “petróleo”, “financiera”, etcétera. Ahora sería del “ladrillo”, pero con esas caracterizaciones perdemos de vista lo principal y nos fijamos en lo accesorio. Sea cual sea el “modelo productivo” de un país capitalista, está condenado a sufrir crisis periódicas. Tras una etapa de crecimiento —en unos sitios más centrado en el ladrillo y en otros en la industria—, ha llegado un momento en que ya no se podía seguir creciendo a ese ritmo y mantener las ganancias de estos años pasados. No se puede seguir haciendo viviendas al mismo ritmo de años pasados, pero tampoco móviles, ordenadores, coches, etc.
Restaurar la tasa de ganancias con más explotación
Entrando en el terreno europeo, las agresiones lanzadas no son una vuelta de tuerca en las condiciones de los trabajadores, sino varias a la vez. Grecia es uno de los eslabones más débiles de la cadena y sólo el principal ejemplo de esta política. Pero lo cierto es que la receta es la misma en todos los países de la Unión Europea. Atraso de la edad de jubilación, recortes del gasto social, empeoramiento de las condiciones laborales…
El objetivo es restaurar la tasa de ganancia de las empresas para provocar una nueva oleada de inversión. Es la reacción natural del sistema ante una clásica crisis de sobreproducción de capital, real y financiero (son inseparables en una sociedad capitalista). Basta ver como la inversión se desmorona en cifras muy superiores a las caídas del consumo. Ahí está la base de la crisis. Irlanda nos da un buen ejemplo de ello. Todos tenemos presentes el plan de ajuste griego y las luchas que ha desatado, pero en el antiguo “dragón celta” ha precedido al país heleno en la política de recortes, con una reducción del 18% de los salarios de los trabajadores públicos. A pesar de estos ajustes, el déficit público en 2009 fue del 7% (lejos del 3% que se exige en la UE), y la producción irlandesa ha caído un 7,5% en 2009 y se espera que caiga un 2,3 en 2010. Para 2011 tendría ya un crecimiento positivo del 1%. La formación bruta de capital ha caído entre 2008 y 2010 un 20%, mucho más que el consumo (El País Negocios, 21 de marzo de 2010).
Tras los millonarios rescates al sector financiero, este mismo sector impone a los Estados una drástica política de ajuste, no del gasto público –error común al hablar de este tema— sino del gasto social. La finalidad es garantizar el pago de la deuda pública (los bancos reciben créditos al 1% de los bancos centrales y los invierten en deuda de los estados al 3%), las nuevas ayudas que seguirán necesitando, y asegurar nuevas esferas de negocio para la inversión a través de nuevas privatizaciones de servicios públicos esenciales (privatizar es caro).
Pero el problema no es el “capital financiero” frente a un supuesto capitalismo “productivo” —las entidades financieras son los principales accionistas de las grandes empresas— sino el capitalismo, del que el sector financiero sólo es su expresión más depurada, su cúspide. El capital actúa como un ente global, desplazándose en función de la rentabilidad por todo el planeta, y las masas de capital superan ampliamente las capacidades financieras de cualquier estado, siendo éstas las que determinan la política de los mismos. Basta ver la incapacidad efectiva de “regular” al sector que está produciéndose en todas partes. Es al revés, los Estados están al servicio del capital y, en particular, del sector decisivo que es el financiero. El Estado es un instrumento al servicio de la clase dominante.
La crisis en el Estado español
Hoy más que nunca, hemos de tratar el capitalismo contemporáneo como un hecho planetario e integral, y estamos ante la mayor crisis de la historia humana por su extensión y carácter global. Estamos ante el agotamiento de una etapa del capitalismo a escala internacional. Sólo así podremos comprender la situación económica del propio Estado español, cuya burguesía está más integrada que nunca en la economía internacional. No es posible entender lo que está pasando aquí si se pierde de vista que el capitalismo español actúa dentro de un mundo capitalista global. En el ataque a Grecia, el capital financiero hizo una demostración de lo que le esperaba a los demás países si no aceptaban sus condiciones y le faltó tiempo al gobierno socialista para olvidar sus pequeñas veleidades sobre la defensa de los derechos de los trabajadores, y agachar la cabeza ante el amo.
A corto plazo, muchas de las medidas que se están tomando perjudican de hecho a la pequeña y mediana, e incluso alguna gran empresa. Ninguna de ellas gana nada con el retraso de la edad de jubilación, ni siquiera con el recorte del gasto público pues reduce el consumo. Pero quien determina las políticas económicas son las grandes, que son las principales beneficiarias del gasto público a través de la deuda pública, contratos, inversiones…
Una de las funciones de la crisis es destruir parte del capital existente para favorecer la fusión del mismo en unidades más grandes y más fuertes. Es el proceso de concentración de capital que es propiciado por las crisis. Eso se realiza a través del cierre de parte de las empresas, sobretodo de pequeñas y medianas. La otra consecuencia de la crisis es la imposición de unas condiciones de explotación más intensas, reduciendo el salario directo y el indirecto (el gasto social), aumentando el tiempo de trabajo y todas aquellas medidas que permitan incrementar la producción de plusvalía. La finalidad es la recuperación de la tasa de ganancia a medio plazo.
La idea de que estamos ante una crisis de “demanda” es asumir que la salida está en una reedición del keynesianismo y no en una alternativa socialista. En todo caso, sería mucho más preciso hablar de una crisis de inversión. La inversión empezó a perder fuelle antes y más intensamente que el consumo, como podemos ver en los informes del INE.
Marx lo explicó muchas veces, pero especialmente en la Intoducción General a la Crítica de la Economía Política: «La producción precede a la demanda». Es la inversión la que tira de la creación de empleo y del consumo en una sociedad capitalista, pero los capitalistas no invierten por filantropía sino para obtener ganancias y, si es más rentable especular con el oro que edificar hospitales, no se levantará ni un solo centro hospitalario.
Claro que hay un problema de demanda, pero si ese fuera el problema de fondo, los estados tienen capacidad sobrada de resolverlo. El Estado español podría abonar a todos los parados un salario equivalente al SMI que reivindica IU, de 1.100 euros mensuales. ¿Qué costaría? Aproximadamente 70.000 millones de euros anuales—la mitad de lo invertido en respaldar a los bancos— que, si tenemos en cuenta que eso ya englobaría el gasto en desempleo (algo más de 30.000 millones en 2009), supondría un desembolso extra de 40.000 millones de euros. El Estado puede soportar ese gasto sin ningún problema y no hay ninguna duda de que tiraría de la demanda hacia arriba mucho más que las trasferencias hechas a los bancos. Es menos de lo que ganan las empresas del Ibex 35 y, desde luego, mucho menos de los 460.000 millones de euros que se llevaron las rentas empresariales en 2009, en plena crisis.
¿Por qué no se hace? Pues porque el problema no es ese para el capitalismo, sino restaurar la tasa de ganancia. Los recursos públicos se están dedicando —en continuidad con la política de todos estos años— a contribuir a recuperar esa tasa de beneficio garantizando a las empresas más ayudas públicas, nuevas bonificaciones fiscales, nuevos negocios mediante contratos y privatizaciones de servicios públicos, reducciones de los derechos de los trabajadores…
La políticas keynesianas no pueden evitar la crisis del capitalismo. Se aplicaron masivamente en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y terminaron en la gran crisis de los años 70 con la estangflación (estancamiento económico e inflación simultáneos). Si el Estado inyecta liquidez a la economía pero no crece proporcionalmente la producción, y eso implica un aumento de la inversión, el resultado será inflación. Hoy se volvería a repetir una situación similar si se tratará de volver a aplicar el keynesianismo, y lo saben. El problema es que la economía capitalista se mueve en función de la tasa de ganancia y si ésta no es suficiente, no invertirán. Sustituir el “neoliberalismo” por un “neokeynesianismo” no resolvería nada, basta recordar las tasas de inflación (y la hiperinflación) de los años 70 y 80. La única alternativa real es vincular la defensa de los derechos de los trabajadores a la abolición del sistema de trabajo asalariado, es decir, del capitalismo, explicando pacientemente la necesidad de esa política.
La economía española depende de las inversiones de capital propias y foráneas. En este caso, su dependencia del capital exterior es mayor que otras economías, pero, en última instancia, todas dependen de un mercado mundial. El capital se mueve por todo el planeta buscando la mejor rentabilidad sin preocupaciones patrióticas, también el español. El 52’8% de la facturación de las empresas del Ibex 35 en 2009 se generó fuera del país (EP Negocios, 14 de marzo de 2010). Por eso, la burguesía española está presionando al Gobierno para que tome las medidas de ajuste.
Hay que rechazar los argumentos de la competitividad en el sentido que nos los plantean habitualmente, como una necesidad para el “progreso”, cuando se trata de garantizar una tasa de rentabilidad que haga “atractivas” las inversiones en el Estado español. Pero, al rechazar dicho argumento no debemos ignorar que la “competencia” capitalista existe y que es una ley coactiva de la que no puede sustraerse ninguna empresa. Ese mecanismo es consustancial a una economía de mercado.
Grecia sólo nos avisa de nuestro futuro
Por tanto, Grecia o Irlanda sólo anticipan la terapia que se nos va a aplicar, ya se está haciendo, a los trabajadores de toda la Unión Europea. Las consecuencias para el Estado español son muy serias: una caída general del nivel salarial y de derechos, y una reducción del gasto social. Si ya partimos de un 19% de gasto social, el recorte del gasto de 50.000 millones que pretende el Ejecutivo nos podría dejar en pocos años en el nivel del 15% de gasto social, el que había al final de la dictadura.
Reducir el déficit público de aquí a finales de 2012 del 11,5% actual al 3%, es decir, 8,5 puntos del PIB, equivale a 85.000 millones de euros. O bien se ingresa más o bien se gasta menos, o ambas cosas. Del crecimiento del PIB no va a venir, pues las previsiones son de un estancamiento para los próximos años. El servicio de Estudios de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) prevé una caída del 0,7% en 2010 y un crecimiento del 0,8% en 2011. Las cifras del Gobierno son mejores, pero no suponen un cambio sustancial, pues todas hablan de cifras de crecimiento por debajo del 2%. Así pues, tendrán que recortar el gasto y no va a bastar con los gastos corrientes. La reducción de la oferta de empleo público en un 87% en 2010 sólo supondrá un “ahorro” de 280 millones de euros.
En definitiva, estamos ante la amenaza de la destrucción efectiva de las conquistas del movimiento obrero durante la etapa anterior. Esto amenaza definitivamente a los sistemas educativos y sanitario públicos, pues el resto ya estaban absolutamente mal (sociales, dependencia…). No es ninguna exageración, sino la descripción de lo que nos aguarda si el movimiento obrero no es capaz de evitarlo.
Las distintas posiciones ante la crisis
La postura del Gobierno socialista se caracteriza por ceder paso a paso ante las presiones de la burguesía. Es un Gobierno arrastrado por los acontecimientos. No cabía esperar otra cosa dadas las ideas de las que partía. Al final, se impone la política de Solbes sin él. Lo único que podría variar esa situación es una reanimación de las luchas obreras.
Las direcciones sindicales basaban toda su actuación en contar con el respaldo del Gobierno, y han renunciado a plantear una movilización seria y continuada en el tiempo. Pero lo cierto, es que el Gobierno se lo está poniendo muy difícil pues están pesando más las presiones del sector financiero que las de las cúpulas sindicales. La reforma de las pensiones les ha puesto en un serio aprieto, y la reforma laboral tampoco se lo va a poner fácil.
Están empleando un juego muy peligroso, la negociación y una movilización con cuentagotas. Tratan la movilización como a un grifo que creen poder abrir o cerrar a su conveniencia y no es así. También ellos van a remolque de los hechos, incapaces de anticiparse. Su problema es que carecen de alternativa al capitalismo y eso les pone en desventaja frente a la patronal.
La cúpula empresarial da vaivenes. Rompió el “diálogo social” en verano, y luego firmó el acuerdo de la negociación colectiva, y ellos mismos ya anuncian que no habrá acuerdo en la futura “reforma laboral”. Uno de sus representantes decía hace unos días: “no se va a firmar nada; es una repetición del proceso de julio, que cuando llegó la hora de la verdad se disolvió” (EP Negocios, 21 marzo 2010). Pero, a pesar del desastre empresarial de Díaz Ferrán, la patronal mantiene una posición ventajosa. En el acuerdo de negociación colectiva, no hace ninguna concesión sustancial, da poco y tiene garantizadas cláusulas de descuelgue. Su propuesta de un contrato “para jóvenes” sin cotizaciones sociales, ni indemnización por despido, ni derecho al desempleo y por menos del salario mínimo, da una idea rotunda de qué quiere la patronal. Y el que lo propuso, José de la Cavada, sigue en la mesa de negociación del diálogo social. No tienen ningún motivo para hacer concesiones sustanciales, pues, en el peor de los casos, el Gobierno está dispuesto a aplicar las medidas que ya ha expuesto (pensionazo, reforma laboral y reducción del gasto público) que ya van en la dirección adecuada para sus intereses. Por tanto, sólo pueden ganar con la negociación y, si la rompen, también ganan.
¿Hasta dónde van a poder llegar las direcciones sindicales? Lo único que podemos decir es que su política de conciliación no tiene futuro, la burguesía ha tomado la senda del ajuste drástico y no tiene intención de dar nada efectivo. A pesar de su equivocada política, el hecho objetivo es que la existencia de los sindicatos depende del apoyo de los trabajadores. Y la agresión de esta etapa va a ir directo al corazón de su militancia: las grandes empresas y el sector público. ¿Van a poder seguir jugando a la política de hoy movilizo y mañana pacto a la baja? Esa práctica estará cada vez más en contradicción con los intereses de los trabajadores, que van a necesitar a los sindicatos más que nunca, pero con otra política.
Las medidas que tenemos por delante pueden llevar a los trabajadores del sector público a una movilización a gran escala, pues son sus barbas las que se disponen a pelar. En la Sanidad, en la Educación y en el conjunto de las administraciones, la situación ya es muy mala. Los Ayuntamientos están sufriendo una crisis profundísima, fruto de la caída de la recaudación vinculada al “ladrillo”. En las Comunidades ya han pactado una reducción de 10.000 millones de euros, que aprovecharán para justificar nuevas privatizaciones en todos los terrenos. Por cierto, que privatizar es carísimo y aún forzará mayores recortes del gasto social (un buen ejemplo es la Comunidad de Madrid).
En la empresa privada, la discusión es qué pasará tras más de un año de ajustes. Éstos no terminan, al contrario, y cualquier inicio de recuperación no traerá aparejado la restauración de los niveles salariales y demás derechos recortados. Es muy posible que la recuperación de las luchas en este ámbito vaya aparejada a esa reanimación económica, que dé ocasión a los trabajadores para tratar de recuperar lo perdido.
Pero el principal problema de la economía española lo constituye el enorme “ejército de reserva” de mano de obra, el desempleo. Con casi 4,5 millones de parados, y sigue aumentando, es muy posible que alcancemos los 5 millones. La cronificación del desempleo en esas cifras va a convertirse en el gran problema social del Estado español, y va a convivir con un proceso de desmantelamiento del gasto social. Es un cóctel explosivo, para lo malo (situaciones como la de Vic nos avisan del riesgo potencial, igual que la experiencia de otros países europeos) pero también es una receta para la lucha de clases. Pues esos serán los problemas prácticos que tendrá que resolver el proletariado en los próximos años: el derecho a un empleo, a un salario suficiente, y a unos servicios sociales dignos (sanidad, educación, vivienda…).
Por tanto, la reanimación del movimiento obrero está básicamente condicionada a la reacción ante los golpes de la patronal, dada la carencia de alternativas de las direcciones de la izquierda sindical y política que puedan ir estimulando y encauzando dicha reanimación. El conflicto más inesperado puede actuar de catalizador del enorme malestar acumulado en nuestra sociedad al que, hoy por hoy, nadie está siendo capaz de dar salida. Será en el transcurso de la lucha por resolver estas necesidades básicas, donde se fraguará una nueva generación de militantes de la izquierda, que se unirá a la veterana.
La alternativa de IU
La dirección de IU, que no había previsto ni la profundidad ni el carácter de la crisis económica, está viéndose presionada por su profundización. Las circunstancias objetivas son favorables para la recuperación de IU, empezando por los pasos a la derecha dados por el Gobierno ante la crisis. El rechazo al “pensionazo” o a la reforma laboral abren un terreno de trabajo en la calle decisivo para la revitalización de IU.
Sin embargo, la incomprensión de las raíces de la crisis económica, y el planteamiento mayoritario de que estamos ante una crisis de “demanda” y de “modelo productivo”, lleva a defender una suerte de neokeynesianismo y a la “inversión productiva” frente a la “especulativa”. Ahora parece que toda la solución está en promover la plusvalía relativa frente a la absoluta, cuando aumentar la productividad del trabajo ni garantiza más empleo —en realidad, actualmente es al contrario— ni una menor explotación de los trabajadores. El análisis de la dirección de IU entroncan con la idea de que el problema es el “neoliberalismo” y que, necesariamente, es posible otro modelo capitalista mejor. Viene a decirnos que primero hay que luchar por ser como Suecia y después, una vez alcanzada esa situación, lucharemos por el socialismo. La idea es que necesitamos otro sistema capitalista que nos coloque en condiciones más favorables para la lucha por el socialismo. Son las viejas ideas del reformismo con nuevos ropajes. Se empeñan en “arreglar” el capitalismo, pero nadie defiende el socialismo.
Las alternativas económicas planteadas en el ámbito federal equivocan el énfasis y el fondo de sus propuestas. Las más positivas aparecen diluidas mientras se hace hincapié en propuestas menores o, incluso incorrectas. El documento llamado de “Cien medidas para una salida social a la crisis”, que se ha convertido en la exposición de la alternativa económica de IU, empieza resaltando el hecho determinante de la economía capitalista, y por tanto de la crisis: “El Consejo Científico de ATTAC estima que 1.400 personas controlan y gestionan actualmente en España un capital equivalente al 80% de su PIB”. Pero uno par de párrafos más abajo mete esta idea, y las consecuencias que de ella se derivan, en un cajón y nos dice que “sólo se puede adelantar la salida de la crisis si se la considera como una crisis de demanda”, y basa su propuesta de “salida de la crisis” en:
-La creación de 1.100.000 empleos.
-Combatir el fraude fiscal y la economía sumergida.
-Apoyar a la pequeña empresa.
Son aspirinas para combatir una neumonía. Si entramos en detalle sólo con la propuesta de empleo veremos que 700.000 dependen de la rehabilitación de vivienda (seguimos dependiendo del “ladrillo”), que son un brindis al sol, pues se fundamenta en subvencionar el 25% del coste de la rehabilitación. Y de los 400.000 empleos públicos, 300.000 son empleos basura con salarios de 700 euros brutos por un año. Sólo 100.000 corresponden a empleos públicos dignos. Así pues, con esta propuesta IU le dice a los trabajadores en paro que sólo se puede crear, en el mejor de los casos, empleo para uno de cada cuatro y, encima, la mayoría con salarios míseros. En otras palabras, se renuncia a exigir el pleno empleo que queda relegado a un nebuloso futuro.
Una alternativa socialista para defender hoy
La única solución efectiva para reducir el desempleo es el reparto del empleo y el aumento drástico del sector público en todos los ámbitos. Lo que IU debería colocar en el frontispicio de sus propuestas —y no dejarlas de actores de reparto en los textos para atraer público— es la exigencia de un trabajo digno para todos a partir de las siguientes medidas:
a) Reparto del empleo para que todo el mundo tenga trabajo con la reducción de la jornada laboral a 35 horas laborales (en cómputo semanal, eliminación de horas extras…). Sobre 15,5 millones de asalariados con trabajo, una reducción proporcional del 12,5% de la jornada laboral (de 40 a 35 horas)= 1.937.000 empleos. Obviamente, esta medida debería ir unida a la dignificación de los salarios, pues no se trata de repartir la miseria, pues eso no tendría apoyo entre los trabajadores, como es lógico.
b) Reducción de la edad de jubilación a 60 años. En 2009 se jubilaron 271.580 trabajadores, lo que multiplicado por cinco y en números redondos = 1.350.000 empleos.
b) Ampliando la plantilla de trabajadores públicos del 9,5% actual al 16% de media de la UE (ese es el porcentaje de empleados en el sector público sobre el total de personas adultas, datos de Navarro), lo que implica un aumento del 60%. Los trabajadores públicos son unos tres millones (algo más), lo que implica=1.800.000 empleos.
Así pues, estas medidas sí nos permitirían resolver de verdad el problema del desempleo (5.087.000 empleos). Obviamente, las cuentas reales no se pueden hacer tan mecánicamente, pero sí da un idea de que ahí está la base para una lucha seria contra el paro.
Obviamente, estas medidas, aisladas de una propuesta de cambio en las relaciones de propiedad no tendrían ningún futuro. Tendrían que ir unidas a la propuesta de nacionalización de la banca, y de los sectores clave de la economía, única forma real de dar una salida a esta situación. Si ahora no hay condiciones para plantear la nacionalización de la banca ¿cuándo las habrá? De hecho, es signo de la madurez de las condiciones objetivas para el socialismo lo evidente que resulta esa medida en el momento presente, incluso para la pequeña burguesía. Esta política es la que necesitará el movimiento obrero si quiere resolver los problemas que plantea el capitalismo contemporáneo. Por eso, defenderlas es una de las tareas centrales del rearme ideológico de la izquierda pues acabarán ganando la audiencia que merecen. Los acontecimientos irán poniendo a prueba las distintas políticas que surgen ahora.
Por supuesto, hay que exigir una fiscalidad progresista y rechazar la economía sumergida, pero ninguna de esas dos medidas puede resolver los problemas que tenemos planteados. La atención hay que ponerla en el control de los grandes medios de producción y de cambio y eso implica proponer una política de nacionalizaciones y socialización de los mismos, que permita una planificación democrática de la economía en función de los intereses sociales y en equilibrio con los recursos naturales. Y eso es lo que hay que defender desde ahora mismo para que vaya ganando apoyo, no en el futuro.
IU necesita esa política para romper el círculo vicioso en el que vive la política del Estado español desde la llamada “Transición”: El PSOE gana las elecciones aupado por el movimiento obrero, pero como carece de política alternativa, acaba decepcionando y abre la puerta a la victoria de la derecha. Luego ésta lleva a cabo ataques aún más duros contra el movimiento obrero hasta que provoca una reacción de apoyo al PSOE para que vuelva a ganar, y otra vez a decepcionar. IU no puede limitarse a existir a remolque del desgaste socialista, para volver a perder apoyo cuando este último vuelve a quedar en la oposición. Para romper ese círculo debe se capaz de conectar con las aspiraciones de los sectores más avanzados del movimiento y consolidarlos. Y para eso es imprescindible tener una alternativa socialista coherente, que impregne su actuación cotidiana de un carácter de clase, que ilusione a su militancia. Y, por supuesto, democracia interna.
La recuperación del movimiento obrero
La experiencia de Francia —y la de Portugal— nos vuelve a señalar que la recuperación de la izquierda pasa por la de las organizaciones tradicionales del movimiento obrero. En Francia son el Partido Socialista y el Frente de Izquierdas los que crecen en las últimas elecciones. Donde el Frente de Izquierdas se presenta con el rechazo del Partido Socialista a la unidad de la izquierda, y aglutinando a la mayoría del resto de la izquierda, gana mucho apoyo. El espacio existe.
Por supuesto, esa recuperación electoral en Francia o Portugal va unida a la movilización social. Esa es la principal diferencia respecto a la situación en el Estado español, que viene de una larga etapa de desmovilización y, las propuestas de las principales direcciones de la izquierda sindical y política, abogan por el “pacto social” en lugar de explicar que es imprescindible volver a luchar para salir de ésta. Propuestas como la de la Huelga General, que sólo defiende una minoría de la dirección federal IU, irán abriéndose camino. Sin duda, no es fácil sacar adelante una convocatoria de esas características, pero eso es más motivo para que se trabaje y se explique su necesidad, pues es la única forma de lucha capaz de superar el aislamiento empresa a empresa. La propia mayoría de la dirección de IU se equivoca al no hacer de la huelga general una propuesta central en su acción política. Pero, cada vez resultará más difícil justificar esa actitud y la idea de la lucha irá ganando más audiencia.
La crisis económica ha tenido efectos distintos en cada país. Mientras en Francia o Grecia parece haber actuado de espuela de las luchas, en nuestro país —y en otros— ha agravado la parálisis del movimiento. La consecuencia inmediata de una crisis no es, necesariamente, la movilización, pues dicho contexto —con alto desempleo y miedo a perder el puesto de trabajo— es el más desfavorable para los trabajadores, salvo que la crisis encuentre a un movimiento obrero que venga de una etapa previa de luchas. Ese parece haber sido el caso de Francia, Grecia o Portugal. Además, la experiencia de Francia y la de Grecia muestran que los Gobiernos de derechas han provocado la reacción del movimiento obrero con sus políticas. En el caso español, la existencia de un Gobierno socialista ha contribuido a frenar la movilización por falta de alternativa desde la izquierda y por temor a beneficiar a la derecha.
Así pues, quizás tengamos que valorar qué efectos políticos tendrá la recuperación económica cuando empiece, puesto que será raquítica e insuficiente para reparar el daño hecho, ya que dicha reactivación podría estimular conflictos de sectores de los trabajadores que tratasen de recuperar el terreno perdido o, simplemente, provocar el estallido de raudales de indignación contenida cuando se compruebe que la reactivación no resuelve los problemas existentes.
Y, para trazar una perspectiva más completa, otro factor importante a tener en cuenta, sería el regreso del PP a La Moncloa, un riesgo real fruto del desencanto del voto de izquierdas ante la falta de alternativa del Gobierno socialista. Un ejecutivo de derechas será muy agresivo con los trabajadores —con los derechos sociales y democráticos— y, como ya ha sucedido en el pasado, podría actuar de látigo azuzando la movilización.
Desde luego, no será un camino de rosas, pero una recuperación de la movilización social traerá aparejada una reanimación de la militancia, empezando por la de IU que, conforme vaya adquiriendo experiencia, desarrollará un espíritu crítico y buscará una política que responda realmente a sus necesidades. Eso abrirá las puertas a una transformación del conjunto de la izquierda sindical y política, también de IU, que no se ha librado de su cupo de los males que aquejan al conjunto de la izquierda.
Obviamente, el ritmo vital de una persona y el de los acontecimientos sociales son muy distintos. La inmensa mayoría de los activistas de la izquierda cree —como lo creerían tantos otros en épocas pasadas— que la clase obrera ya no va a volver a protagonizar grandes luchas, pero se equivocan. Son las condiciones objetivas las que van a empujar a la clase trabajadora —lo están haciendo ya en países determinados como Grecia o Francia, en el caso de la UE— y, de forma adaptada a la realidad de cada país, los trabajadores de los distintos Estados europeos irán entrando en lucha espoleados, no por los discursos ni los programas, si no por la más poderosa fuerza histórica que existe: la necesidad.
15 de abril de 2010
*Jesús es miembro del Consejo Político Regional de IUCM, Alberto de la Presidencia Federal de IU y Jordi de la Presidencia regional de IUCM.
Los gráficos recogidos son todos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
